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El presente Código, preparado por Juan Manuel Herrero de Egaña Espinosa de los Monteros, Abogado del Estado, contiene la normativa reguladora de la organización y funcionamiento de las Administraciones Públicas en sus tres niveles: estatal, autonómico y local.
En el ámbito estatal se recogen las normas reguladoras del Gobierno de la Nación, de la Administración General del Estado y del Procedimiento Administrativo Común. Esta normativa básica se completa con las disposiciones de inferior rango –Reales Decretos, Órdenes y Resoluciones– que la complementan o desarrollan. En esta última edición se recogen las más recientes modificaciones de estos textos legales llevadas a cabo por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial.
Este mismo esquema se reproduce en el ámbito autonómico en el que, respecto de cada Comunidad Autónoma, se recoge la normativa reguladora de su Gobierno, de su Administración Pública y de sus especialidades en materia de procedimiento administrativo, con especial incidencia en aquellas normas –de reciente aparición– que disciplinan el sentido positivo o negativo del silencio administrativo y los plazos máximos de resolución de sus procedimientos. En esta última edición se recogen las más recientes modificaciones de estos textos legales que, en algunos casos, han consistido en la sustitución completa de las normas vigentes por otras nuevas.
En el ámbito local este Código contiene la normativa básica y de desarrollo de la organización y funcionamiento de las Entidades Locales.
La obra se completa con la normativa reguladora de otras instituciones íntimamente ligadas con la actividad de las Administraciones Públicas y ordenadas a su mejor funcionamiento, a la salvaguarda de sus competencias o al control parlamentario o judicial de su actividad. Entre ellas pueden citarse la Ley Orgánica 4/2001, de 12 noviembre, del Derecho de Petición, las reguladoras de la Administración Consultiva (estatal y autonómica), la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, la Ley de Conflictos Jurisdiccionales y la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Un completo sistema de índices permite la localización rápida y sencilla de conceptos y normas estudiadas.