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Nada más fácil que estimular el instinto de venganza de los ciudadanos. A esta tendencia no escapan ni políticos ni familiares o asociaciones de víctimas, pidiendo más penas y además penas más graves para ciertos delitos. Ese mismo impulso vindicativo animó la propuesta del Grupo Parlamentario Popular de introducir la cadena perpetua revisable con motivo de la discusión de lo que después se convirtió en la reforma del Código Penal de 2010. Pese a la presión política, finalmente la propuesta no triunfó. Recientemente el Partido Popular ha vuelto de nuevo a plantear la introducción de la prisión perpetua revisable como línea de su programa político. Pero a veces las apariencias engañan: aunque la cadena perpetua no figure con ese nombre en el Código Penal, lo cierto en que en ocasiones la pena de prisión alcanza tal duración en nuestro país, que apenas se diferencia de la cadena perpetua. El compromiso de España con los derechos humanos y con los organismos internacionales encargados de su defensa debería determinar a las autoridades a que asumieran un papel activo en la promoción de tales derechos. Este libro pretende favorecer ese compromiso. Se afirma en él que la prisión perpetua o de muy larga duración -tanto da, porque las semejanzas entre ambas son muchas- son inconstitucionales. Y no solo se afirma, sino que se fundamenta en sólidos argumentos derivados de la Constitución. No hay nada que justifique que se mantengan en España estos castigos, ya que la grandeza de un Estado se demuestra más por la justicia de sus penas que por la venganza.