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La crisis económica y financiera que ha afectado a diferentes Estados de la Unión Europea desde 2008, ha puesto en evidencia las debilidades de una Unión Económica y Monetaria configurada a partir de la creencia de que la Unión Monetaria produciría «espontáneamente» un mayor grado de coordinación de las políticas económicas y presupuestarias entre los Estados que adoptaran la moneda única.
Con el fin de afrontar el riesgo que suponía para la estabilidad de las economías de la eurozona la crisis de la deuda soberana, entre los años 2010 y 2013, los Estados miembros y las instituciones de la UE se han visto obligados a adoptar un nuevo marco jurídico cuyo contenido alcanza tanto a la articulación de mecanismos de asistencia financiera de los Estados miembros como a la profundización en la coordinación de las políticas económicas y presupuestarias, especialmente reforzada respecto de los Estados de la eurozona.
Un nuevo marco normativo desarrollado jurídicamente sin llevar a cabo una reforma en el Derecho originario y respecto del cual, diferentes Tribunales Constitucionales han establecido límites derivados de sus respectivos ordenamientos constitucionales, en tanto que, en última instancia, incorpora, por la vía del «nuevo intergubernamentalismo» y del Derecho derivado, limitaciones a la soberanía presupuestaria de los Estados nación.